Historia de la Republica Dominicana Después del Descubrimiento

La República Dominicana es un país de ingreso medio y en vías de desarrollo. Su economía es pequeña y abierta, creciendo en una tasa promedio anual de 5.4% en los últimos 15 años.  La economía depende principalmente de los ingresos generados por el turismo, las zonas francas, remesas, inversión extranjera y exportaciones de bienes, particularmente agrícolas y mineras. La economía ha vivido un proceso de transformación, pasando de una orientación centrada en la producción agrícola - que giraba alrededor del azúcar -  a una de servicios, orientada hacia el turismo y otras actividades.  

 En los últimos años el país ha exhibido altos niveles de crecimiento, 7.3% en 2014, representando casi el doble de lo registrado en 2013. Según la CEPAL, República Dominicana fue el país que más creció en América Latina y el Caribe durante el 2014. No obstante, este desempeño económico no se ha traducido con la misma celeridad en mejoras en la distribución de las riquezas. Las inequidades aún persisten, ya que los niveles de pobreza general registrados todavía no superan los del año 2000, indicando que las desigualdades se reducen a un ritmo muy lento.

 Según datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, desde el último trimestre del 2012, tanto la pobreza moderada como la pobreza extrema han alcanzado reducciones considerables, pasando la pobreza general de 41.2% en el año 2013 a 35.8%  en 2014 y la pobreza extrema de 10.0% a 7.9% en el mismo período. Esto representa una reducción de 5.4 puntos porcentuales y 2.1 puntos porcentuales, respectivamente. Por su parte, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso en el país, para el año 2014 registró un valor de 0.453 puntos, que en comparación con el año 2000 (valor de 0.517 puntos) experimentó una reducción promedio anual de 1.8%. Sin embargo, esta reducción muestra un comportamiento rígido para lograr cambios importantes en materia de la distribución de la riqueza.

República Dominicana, un país que de acuerdo con estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas tiene 9.445,281 habitantes, presenta un índice de desarrollo humano alto de 0.715 (2014), que la sitúa en el rango 101 entre 187 países del mundo, según el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2015 del PNUD.

 El país ha avanzado en algunos indicadores sociales, habiéndose reducido desde 2000 la mortalidad infantil, aumentando la esperanza de vida, la matriculación en la educación primaria y el acceso de la población a una fuente mejorada de agua. Sin embargo, cuando se habla de desigualdad, la cifra refleja que no todos los dominicanos y dominicanas tienen igual acceso a esas mejoras y crecimiento, pues al ajustar por desigualdad el Índice de  Desarrollo Humano, pierde un 23.6% de su valor, lo que supone 4 posiciones menos. Esta pérdida en el IDH está asociada a las diferencias de acceso de segmentos de la población a servicios sociales de calidad, especialmente los sectores salud y educación, aunque se ha avanzado en reducir la alfabetización en el país y en el acceso a seguridad social. Por otra parte, el país muestra una pérdida de IDH en un 44% debido a la desigualdad de género.  El Índice de Desigualdad de Género muestra diferencias sustantivas entre hombres y mujeres con respecto a las dimensiones de empoderamiento, salud reproductiva y mercado laboral.

Los cambios se reflejan en innumerables indicadores institucionales. Los derechos civiles se han consolidado, tales como: inviolabilidad de la vida, seguridad individual, inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de asociación, libertad de conciencia y de cultos, inviolabilidad de correspondencia, libertad de empresa, derecho de propiedad, entre otros. Los derechos políticos de la población también han evolucionado positivamente. Hay elecciones cada cuatro años con relativa normalidad, no hay limitaciones en la participación política más allá de las que regula la ley pero existen debilidades en la calidad de la democracia como el marcado clientelismo, la falta de debate programático así como una fuerte influencia entre los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial.

Existen por tanto grandes debilidades en el Estado de derecho, en las instituciones y en la gerencia pública, así como en la materialización de los derechos económicos y sociales consignados en la Constitución y las leyes.

El cumplimiento de los derechos económicos y sociales enunciados en la Constitución y en las leyes se refleja un conjunto de indicadores sociales e institucionales, muchos de los cuales han registrado progresos. La cobertura educativa y en salud se ha expandido. Sin embargo, este progreso no ha avanzado a igual ritmo que los promedios de América Latina y el Caribe. La expansión de las coberturas en educación y salud se hicieron a expensas de la calidad; en muchos casos los indicadores están por debajo de los promedios regionales y en la mayoría muestran un desempeño inferior al esperado, dado el estándar mundial asociado con el nivel de riqueza por habitante que registra el país.